“LA LOLA NO ESTÁ PARA TAFETANES”.
DELEGACIÓN FORZADA
Por Antero Flores-Araoz*
El Gobierno anunció que solicitará al Congreso, le delegue facultades para legislar mediante decretos legislativos sobre infinidad de materias.
A grosso modo el Presidente del Consejo de Ministros, en su presentación al Congreso, dijo que el Gobierno necesitaba facultades delegadas para la lucha contra la corrupción, terrorismo, narcotráfico e inseguridad ciudadana. De otorgársele las facultades legislaría el Gobierno sobre el sistema penal, migraciones, control de armas y municiones; combate al sicariato, la extorsión, la usurpación y tráfico de tierras; tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, espionaje, traición a la patria, interceptación de comunicaciones; control de transporte de carga y mensajería, incluso taxis, mototaxis, y motos lineales; bienes de segundo uso y eliminación de mercados ilícitos; reformar la ley de extranjería y la de nacionalidad.
Si creen que eso ya es demasiado, esperen que siga con la lista, pues también se pretende la delegación en materia de incautación de bienes; recaudación de reparaciones civiles; indemnización por accidentes y fortalecimiento del Consejo de Defensa del Estado. Más todavía, pretenden modificar la Ley de Arbitraje, el régimen penitenciario y de la privatización de establecimientos carcelarios. Como pueden ver, solo les faltó pedir delegación para normar sobre la vestimenta de los parlamentarios en el hemiciclo, que dicho sea de paso muchísimas veces es inadecuada.
La delegación de facultades del Parlamento a favor del Poder Ejecutivo está permitida por la Constitución, debe ser sobre materia específica y por plazo determinado, con el único límite de no tratar sobre reformas constitucionales, tratados internacionales, leyes orgánicas, Presupuesto y Cuenta General de la República.
El Congreso tiene la facultad de ejercer el control parlamentario de los decretos legislativos, los que puede incluso derogarlos, pudiéndose agregar que por lo general las delegaciones de facultades han sido otorgadas para temas muy técnicos o especializados, y también para aprobar Códigos, todo lo cual implica confianza del Congreso en el Gobierno.
La confianza se gana y no se regala, y cuando los voceros gubernamentales y de la que fuera mayoría oficialista en el Parlamento, dejan entrever que si el Congreso no otorga la delegación de facultades, el Gabinete podrá hacer de ella cuestión de confianza, y si le es rehusada el Gobierno puede disolver al Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias, lo que no podría hacer el último año del quinquenio gubernamental.
Lo expuesto es absolutamente constitucional, pero a nuestro criterio es un chantaje o extorsión política, primero por la abusiva e insaciable lista de pretensiones legislativas y segundo porque es recurriendo a la amenaza y temor de disolución.
La actitud del Poder Ejecutivo francamente es intolerable y el Congreso no debería dejarse apabullar, pero si comprometerse muy seriamente a dictaminar, debatir y resolver sobre los proyectos de ley del Gobierno que se le presenten, no más tarde de una semana, por así requerirlo la tranquilidad del país.
No hay que jugar con fuego Presidente y Primer Ministro, ni cobijarse con abuso en atribuciones constitucionales, que de ser ejercitas, tienen que serlo con tino, mesura y responsabilidad. Como dice el conocido refrán castellano: “La Lola no está para tafetanes”.
* Reconocido jurista y político peruano Fundador del partido ORDEN
Ha sido Diputado, Constituyente y Congresista de la República del Perú, siempre de la mano del Partido Popular Cristiano. En el 2004, fue electo como Presidente del Congreso entre otros importantes cargos diplomáticos.
