Por Antero Flores-Araoz<\/p>\n
Reciente multa impuesta a Petro-Per\u00fa por la contaminaci\u00f3n de \u00e1reas y r\u00edos selv\u00e1ticos, por derrame desde el Oleoducto Nor Peruano por falta de mantenimiento, nos lleva a pensar sobre ello.<\/p>\n
La multa es sanci\u00f3n por transgresi\u00f3n a la normatividad y en el caso concreto, por perpetraci\u00f3n de da\u00f1o ecol\u00f3gico.\u00a0 La sanci\u00f3n se impone a empresa p\u00fablica que la paga a una entidad estatal.\u00a0 En concreto y en resumen, un bolsillo del Estado le paga a otro la multa.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n El efecto econ\u00f3mico en todos los casos, es que la multa no tiene consecuencias para el Estado, y los funcionarios responsables por la negligencia que signific\u00f3 la falta de mantenimiento al oleoducto, pasaron tranquilos y sin costos, lo que evidentemente no es equitativo, pues desmotiva el cumplimiento del deber.<\/p>\n Para casos similares deber\u00eda aprobarse norma en que la empresa p\u00fablica o entidad estatal que sufrague multa, pueda trasladar su efecto a los funcionarios negligentes, es decir, obligar a reintegrar la multa que se pague a los directos infractores.<\/p>\n Esto podr\u00eda en el futuro ser un disuasivo para la desatenci\u00f3n de funcionarios que demuestran actitud displicente respecto a sus obligaciones, o que son desaprensivos con ellas.<\/p>\n Pero en el tema de multas, tenemos tambi\u00e9n que corregir la normatividad por la cual un porcentaje determinado de las multas que impongan las Organizaciones del Estado, se distribuya entre los servidores p\u00fablicos del respectivo organismo estatal. Esto en lugar de estimular la severidad en el cumplimiento del deber, lo que de suyo hace es fomentar actitudes irresponsables de funcionarios, que sin motivaci\u00f3n real, sancionan con multa hasta errores insustanciales de los administrados.\u00a0 Ello porque la multa impuesta no va toda a las arcas fiscales, sino parte al bolsillo de los servidores p\u00fablicos, con perjuicio de los administrado. \u00a0A los funcionarios estatales se les pone en el dilema de cumplir con el deber o afectar un ingreso econ\u00f3mico adicional.<\/p>\n Lo dicho lo podemos observar en multas de tr\u00e1nsito, en sanciones aplicadas en materia tributaria y en otras muchas acciones efectuadas desde el Estado.<\/p>\n Pero hay algo much\u00edsimo m\u00e1s grave cuando revisamos los presupuestos aprobados de infinidad de organismos p\u00fablicos, en que sus gastos regulares son financiados en parte por las multas.\u00a0 Si no hubieren multas que aplicar los presupuestos estar\u00edan desfinanciados, lo que lleva a los funcionarios de tales organismos a aplicar multas indebidas e incluso ante reclamaciones justificadas, declararlas sin lugar, lo que obligar\u00e1 al administrado a recurrir a la autoridad judicial con acciones contencioso-administrativas que congestionan indebidamente los estrados judiciales.<\/p>\n Como vemos, hay tareas por emprender.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Antero Flores-Araoz Reciente multa impuesta a Petro-Per\u00fa por la contaminaci\u00f3n de \u00e1reas y r\u00edos selv\u00e1ticos, por derrame desde el Oleoducto Nor Peruano por falta de mantenimiento, nos lleva a pensar sobre ello. La multa es sanci\u00f3n por transgresi\u00f3n a la normatividad y en el caso concreto, por perpetraci\u00f3n de da\u00f1o ecol\u00f3gico.\u00a0 La sanci\u00f3n se impone a empresa p\u00fablica que la paga a una entidad estatal.\u00a0 En concreto y en resumen, un bolsillo del Estado le paga a otro la multa. 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