\n
Por Antero Flores-Araoz*<\/p>\n
El Poder Ejecutivo present\u00f3 al Congreso un proyecto de ley para la regulaci\u00f3n de responsabilidad aut\u00f3noma de las personas jur\u00eddicas en delitos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Siendo correcta\u00a0 la preocupaci\u00f3n gubernamental para imputar responsabilidad a las personas jur\u00eddicas que se benefician, directa o indirectamente, en temas de corrupci\u00f3n, ello tiene que hacerse con el debido cuidado pues se podr\u00edan afectar a accionistas y socios de empresas, as\u00ed como a asociados de otras personas jur\u00eddicas que nada han tenido que ver con la perpetraci\u00f3n de delitos vinculados a la corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Como el Per\u00fa desea ser miembro pleno de la \u201cConvenci\u00f3n de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico\u201d<\/span> <\/em><\/strong>(OCDE), debe cumplir con determinadas exigencias, entre las cuales se encuentra la obligaci\u00f3n de tomar medidas para establecer responsabilidad de las personas morales (l\u00e9ase jur\u00eddicas, no personas naturales) por el cohecho de un servidor p\u00fablico extranjero.<\/p>\n Teniendo en cuenta, como lo reconoce el proyecto de ley, que la responsabilidad penal por perpetraci\u00f3n de delito, recae en personas naturales y no en las jur\u00eddicas, si estas \u00faltimas se benefician directa o indirectamente en delitos vinculados a la corrupci\u00f3n, debe atribu\u00edrseles responsabilidad aut\u00f3noma, aunque no penal, con tipificaci\u00f3n clara de los il\u00edcitos relacionados con ella y las sanciones no penales aplicables.<\/p>\n Hasta lo expuesto, todo perfectamente atendible, empero, en el proyecto del Ejecutivo, actualmente en tr\u00e1mite de evaluaci\u00f3n en comisiones del Congreso, se pretende aplicar sanciones a las personas jur\u00eddicas que en alguna medida se beneficien con la perpetraci\u00f3n de delitos de corrupci\u00f3n, sanciones que perjudicar\u00e1n a los accionistas, socios, asociados u otros relacionados a aquellas.<\/p>\n S<\/span>i quienes han autorizado desde las personas jur\u00eddicas, la entrega de sobornos u otros actos calificados por la legislaci\u00f3n como corrupci\u00f3n, pues o son directos responsables, o son c\u00f3mplices o son facilitadores de delito, tr\u00e1tese de gerentes, apoderados, representantes, o directores de las personas jur\u00eddicas societarias o no societarias inmersas en el il\u00edcito, y por ello deber\u00eda recaer en ellos todo el peso de la ley y ser pasibles de las correspondientes sanciones de \u00edndole penal.<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n El proyecto que comentamos, cae en el exceso de pretender aplicar a la persona jur\u00eddica, sanciones aut\u00f3nomas distintas a las que pueden recaer en las personas naturales que cometieron delito, sanciones que perjudicar\u00e1n a terceros que nada tuvieron que hacer con la comisi\u00f3n del delito como son accionistas, socios o asociados de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n Si se impusiera, como se ha propuesto, adem\u00e1s\u00a0 de la sanci\u00f3n pecuniaria de multa, otras como disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, cierre temporal o definitivo de establecimientos, cancelaci\u00f3n de permisos y licencias, entre otros; es m\u00e1s que evidente que ello causar\u00e1 grave perjuicio a los accionistas, socios o asociados de las personas jur\u00eddicas a las que nos referimos.\u00a0 Evidentemente ello no es justo, la normatividad legal no solamente es para ordenar las actividades sino tambi\u00e9n para hacerlo en forma equilibrada y equitativa.<\/p>\n Para que la responsabilidad aut\u00f3noma que pretende el proyecto de ley, no sea aplicable, las personas jur\u00eddicas tendr\u00edan que haber adoptado modelos de prevenci\u00f3n y supervisi\u00f3n interna, con auditor\u00edas especializadas, certificadas y con acreditaci\u00f3n por INDECOPI. M\u00e1s costos de transacci\u00f3n y encarecimiento de operaciones.<\/p>\n Siendo loable el objetivo de la proposici\u00f3n gubernamental, el Congreso debe examinarla\u00a0 prolijamente para no caer en excesos ni tampoco perjudicar a terceros que\u00a0 ser\u00edan afectados, sin tener arte ni parte en el desaguisado.<\/p>\n <\/p>\n * Reconocido jurista y pol\u00edtico peruano Fundador del partido ORDEN<\/span><\/strong><\/p>\n Ha sido Diputado, Constituyente y Congresista de la Rep\u00fablica del Per\u00fa, siempre de la mano del Partido Popular Cristiano. En el 2004, fue electo como Presidente del Congreso entre otros importantes cargos diplom\u00e1ticos.<\/strong><\/p>\n La Direcci\u00f3n no se solidariza necesariamente con la opini\u00f3n de sus colaboradores<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Antero Flores-Araoz* El Poder Ejecutivo present\u00f3 al Congreso un proyecto de ley para la regulaci\u00f3n de responsabilidad aut\u00f3noma de las personas jur\u00eddicas en delitos de corrupci\u00f3n. Siendo correcta\u00a0 la preocupaci\u00f3n gubernamental para imputar responsabilidad a las personas jur\u00eddicas que se benefician, directa o indirectamente, en temas de corrupci\u00f3n, ello tiene que hacerse con el debido cuidado pues se podr\u00edan afectar a accionistas y socios de empresas, as\u00ed como a asociados de otras personas jur\u00eddicas que nada han tenido que ver con la perpetraci\u00f3n de delitos vinculados a la corrupci\u00f3n. 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